La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia sancionó a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ por el asesinato de 135 civiles, que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate. Los crímenes, conocidos como «falsos positivos«, ocurrieron entre 2002 y 2005 en la Costa Caribe, constituyeron un patrón macrocriminal, articulado con estructuras paramilitares.

La sentencia del pasado jueves, 18 de septiembre, impone a los responsables sanciones propias de entre 5 y 8 años, que se cumplirán a través de obras y actividades restaurativas, priorizando la reparación de las víctimas y la no repetición de los crímenes. Los 12 exmilitares deberán participar en seis proyectos, los cuales fueron definidos con la colaboración de las comunidades afectadas, incluyendo los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa, y los consejos comunitarios afrocolombianos.

La JEP enfatizó que los asesinatos «no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales», sino parte de un plan sistemático para inflar las estadísticas de éxito militar, «en el contexto de exigencias
institucionales de presión por resultados«.

El patrón de los crímenes se manifestó en dos modalidades principales: alianzas con grupos paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la captura y engaño de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo campesinos, indígenas y afrodescendientes. La investigación reveló que las víctimas eran despojadas de su identidad, torturadas y ejecutadas. Posteriormente, se les implantaban armas para simular enfrentamientos.

Entre los proyectos se encuentran la construcción de un mausoleo de la memoria, centros culturales para pueblos indígenas y proyectos productivos y comunitarios. El cumplimiento de estas sanciones será monitoreado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación en el marco del Acuerdo de Paz.

La lista de sancionados incluye a oficiales y suboficiales que ocuparon cargos de mando, como el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales. También se encuentran el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea y el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, que ocupaban puestos de inteligencia.

Entre los sancionados también figuran mandos medios y tropa, como el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero y el cabo tercero retirado Elkin Rojas. Finalmente, se suman los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

Todos ellos, desde sus respectivas posiciones en la estructura militar, «hicieron parte de una estructura criminal destinada a mentir, desaparecer y presentar como legítimas estas violencias«, que la JEP ha calificado como crímenes de guerra y de lesa humanidad y detalló que los imputados aceptaron su responsabilidad.

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«Además de determinar la forma, el tiempo y el lugar en que ocurrieron los hechos, e identificar los elementos típicos de los crímenes cometidos, también constituye un acto de reconocimiento público y una herramienta para la no repetición. No se trata solamente de una respuesta jurídica frente a delitos atroces, sino de una narrativa judicial que reconstruye el contexto, la lógica institucional y las consecuencias humanas de los crímenes perpetrados, así como los daños causados por agentes del Estado«, se lee en la sentencia.

Los falsos positivos y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Esta sentencia no solo juzga los actos de estos militares, sino que también «permite enfrentar una de las verdades más difíciles de nuestra historia reciente: que representantes del Estado, lejos de proteger a su población, usaron la estructura institucional para perpetrar crímenes graves y encubrirlos«. El escándalo de los «falsos positivos» se destapó durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Aunque Uribe siempre ha negado tener conocimiento de estos crímenes, los hallazgos de la JEP y otras investigaciones han puesto en evidencia la sistematicidad de estos asesinatos, lo que ha llevado a un cuestionamiento sobre la responsabilidad de los altos mandos y de las políticas gubernamentales de la época que incentivaron estas atrocidades.

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